[28/11/2007]

Comunidades de Sitio del Niño y Tutela Legal luchan contra contaminación de Batería Record.

Situación actual de proceso de lucha de la Comunidad Sitio del Niño contra la contaminación por plomo de la fábrica Baterías Record. Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, El Salvador.

1. Antecedentes del problema.

La fábrica Baterías de El Salvador S.A. de C.V. conocida como Baterías Récord se asentó en el Cantón Sitio del Niño, del Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, hace 12 años. Se ubicó al sur de la Ciudad de San Juan Opico, en una zona netamente agrícola. En la zonas mas cercanas a la fábrica habitan un conjunto de comunidades que agrupan un total de aproximadamente siete mil doscientas personas. Asimismo, funcionan en la región, cinco instituciones educativas.

Dicha fábrica, que incluye en sus instalaciones una planta recicladora de baterías, emplea materias primas altamente tóxicas, contaminantes del medio ambiente, y nocivas para la salud humana, entre estas plomo, arsénico y selenio.

La planta industrial tiene características que requieren de una ubicación y tratamiento de desechos industriales que no están siendo adoptados en este caso. En esta se genera gases, cenizas tóxicas y un conjunto de desechos que no son tratados adecuadamente.

La fábrica ha producido una grave contaminación ambiental y de todos los elementos que forman parte del hábitat de las comunidades. Ello esta generando problemas de salud debido a la ingestión de los desechos vía alimentos o agua, o a su absorción por las vías respiratorias o contacto corporal con estas, causando infecciones, problemas renales, leucemia y otros efectos en la salud de personas adultas y especialmente niños y niñas. Se observan en la zona aguas contaminadas, aves muertas y corrosión en la malla ciclón y el hierro de las instalaciones de la planta industrial.

Con las investigaciones realizadas por Tutela Legal del Arzobispado con la colaboración de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador y el Colegio Médico, se ha comprobado la contaminación en la zona y los efectos en la salud de los pobladores. Por su parte el Ministerio de salud ha realizado múltiples exámenes en los que se ha evidenciado la intoxicación con plomode niños, niñas y adultos. Igualmente, en el “Informe técnico de seguimiento a la actividad de Baterías de El Salvador” del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de marzo de 2007, se concluye que existe contaminación en el aire, suelo y agua de la zona.

2. El apoyo técnico comprometido de Tutela Legal del Arzobispado.

En el año 2003, la Unidad de Educación de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador impartió un curso de derechos humanos en la Ermita del Cantón Santa Lucía, la cual pertenece a la Parroquia Santa Rosa de Lima del Municipio de Ciudad Arce en el Departamento de La Libertad. El proceso de formación dio como resultado la creación de una Comisión Parroquial de Derechos Humanos, la cual fue integrada por un conjunto de pobladores del Cantón Sitio del Niño. La Comisión, desde su creación y con el apoyo técnico jurídico de Tutela Legal del Arzobispado, ha mantenido un proceso de educación y promoción de los derechos humanos en la zona y de atención a los problemas de los pobladores.

Posteriormente, ante el agravamiento de los problemas de contaminación y de salud de la población, las comunidades con el acompañamiento de Tutela Legal del Arzobispado, comenzaron a organizarse y formaron, en el mes de septiembre del año 2004, un Comité Ambiental, del cual forma parte la Comisión Parroquial. Este comenzó a realizar gestiones administrativas ante diferentes instituciones como la Alcaldía de San Juan Opico, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Asimismo, las comunidades, denunciaron el caso ante la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

Tutela Legal en presentación de las comunidades a través del Comité Ambiental, ha mantenido un proceso sistemático de apoyo técnico comprometido, realizando una labor educativa y de promoción en derechos humanos, y una labor jurídica asesorando y acompañando las gestiones ante entes estatales nacionales.

A pesar de las gestiones y denuncias realizadas, ninguna de estas instituciones realizó acciones orientadas a resolver la problemática ni ha iniciado una investigación formal del caso hasta el momento. El 18 de mayo de 2007, después de obtener las pruebas pertinentes, Tutela Legal interpuso una querella representando a los afectados ante la Fiscalía General de la República. Se incluyó en este proceso una recopilación amplia de pruebas testimoniales y materiales sobre el caso.

El 13 de septiembre de este mismo año Tutela Legal, en representación de las comunidades afectadas, interpuso una pieza de correspondencia dirigida a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en la cual se pide que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, emita un dictamen favorable en el cual se recomiende al Fiscal General de la República la judicialización inmediata del caso de contaminación ambiental en el Cantón Sitio del Niño.

3. Las comunidades actúan.

El Comité Ambiental de Sitio del Niño, representante legítimo de todas las comunidades afectadas, ha mantenido un esfuerzo permanente dando a conocer y denunciando el caso ante instancias nacionales e internacionales. Es así que la situación se ha conocido a nivel nacional, ha cobrado notoriedad pública y mantiene una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación social. La labor del Comité Ambiental ha abierto la posibilidad de solucionar la situación.

Actualmente las comunidades organizadas luchan por enfrentar y resolver el problema de contaminación ambiental generado por la fábrica Baterías Record de El Salvador, y que tiene como consecuencia directa la afectación de la salud de los pobladores de un conjunto de comunidades que habitan en la región. Se persigue evitar que se continúe vulnerando un conjunto de derechos fundamentales de esta población, como el derecho a la salud, a la educación, al disfrute de un medio ambiente sano y otros derechos. De igual manera el que se repare mediante las debidas indemnizaciones a las personas que ya fueron seriamente dañadas por estos hechos flagrantemente violatorios.

Las comunidades han comprendido la gravedad de la problemática. Se han organizado y han diseñado y puesto en marcha una guía para enfrentarlo y poder brindarle alternativas de solución a la población. Han realizado una amplia denuncia pública nacional e internacional y acciones para exigir el respeto a derechos específicos como el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, etc. En el proceso se han visto involucrados otros actores sociales que apoyan solidaria y técnicamente a las comunidades en su lucha como son la Unidad Ecológica de El Salvador –UNES-, el Colegio Médico y la Universidad de El Salvador.

En el proceso ha quedado evidenciado que los propietarios de la empresa Record ponen por encima de todo, e incluso de la vida de seres humanos, sus intereses de lucro económico; que se ha afectado la vida y especialmente la salud de la población, tantoadultos como niños y niñas. Ha quedado claro para la población que el gobierno y sus órganos están al servicio de la gran empresa y no de los intereses sociales.

4. La situación actual.

Recientemente ha intervenido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución estatal que ha exigido el cierre inmediato de la Fábrica. Igualmente la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa solicitó información a la Fiscalía General de la República y a las comunidades sobre el caso. El Ministro de Salud se pronunció inicialmente declarando la necesidad del cierre de la Fábrica; posteriormente, el día 24 de septiembre de 2007, a través de la Unidad de Salud de San Juan Opico, emitió la resolución de cierre técnico operativo de la fábrica. El cierre se sustenta, de acuerdo al MSPAS, en que la fábrica no cuenta desde 2005, con los permisos de funcionamiento requeridos.

No obstante este cierre, el cual podría ser temporal de acuerdo a las autoridades de MSPAS, la problemática esta lejos de solucionarse plena y adecuadamente. No esta garantizado un cierre definitivo de la fábrica; no se ha judicializado el caso debido a la falta de voluntad de la Fiscalía General de la República que sigue sin atender la querella presentada por Tutela Legal. Si el caso no se judicializa no hay ninguna garantía de que la empresa responderá por estos daños e indemnizará a las familias.

En función de incidir para lograr la judicialización del caso, Tutela Legal presentó, el día 15 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía General de la República un escrito por medio del cual se anexan Poderes Especiales para Querellar y Acusar, otorgados por 350 pobladores del Cantón Sitio del Niño del Municipio de San Juan Opico. En este se pide nuevamente la inmediata judicialización del caso de los delitos cometidos por la fábrica Baterías Record y funcionarios estatales en contra de la salud, seguridad y medio ambiente de los habitantes de Sitio del Niño.

Tutela Legal del Arzobispado hará lo que este a su alcance para que se brinde justicia a las víctimas. Tutela Legal hará lo necesario para que este no sea un hecho más de violación grave y flagrante de los derechos humanos de comunidades pobres y altamente vulnerables, que queda en la total impunidad debido a que las instituciones estatales evaden cumplir sus mandatos en esta materia en función de intereses minoritarios.

San Salvador, 28 de Noviembre de 2007

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