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Discurso pronunciado por el Lic. Ovidio Mauricio González, Director de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador con ocasión de la conmemoración del XXVI Aniversario de la Masacre de El Mozote.

El Mozote, Meanguera, Departamento de Morazán.
8 de diciembre de 2007

Ahora se cumple un año mas de este inolvidable acto inhumano, cruel, en que los habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Los toriles, Cerro Pando, Cerro Ortiz y otros lugares cercanos, fueron asesinados por el ejercito salvadoreño, logrando pocos sobrevivir, huyendo y dejando sus pocas pertenencias. Con ocasión de es acto inhumano que conocemos históricamente como la masacre de El Mozote, debemos reflexionar y preguntarnos el porque de estos hechos, porque hacerlo contra personas pobres, inocentes, no solo porque desconocían el origen del conflicto o porque no participaban de el, sino porque la mayoría de ellos eran niños, sus pequeñas mentes no comprendían absolutamente nada.

Esa familia fabricada de lata y pintada de negro, sobre los restos que se han logrado exhumar no es símbolo de alguna leyenda, es la señal de que hubo un atropello contra la humanidad, es una forma de decirles a quienes cometieron este aberrante hecho que el desprecio a la vida de inocentes no esta olvidado, que esos niños inocentes y este pueblo en un sola voz pide justicia real.

Ese mural de nombres se contrapone a un muro que el Estado sostiene hasta con las uñas para que no sea derribado, ese muro a la impunidad como es la amnistía, ese mural de nombres se sostiene el solo, no necesita a nadie que le sostenga.

Tutela Legal comenzó las investigaciones de esta masacre aun en tiempos recios del conflicto y ha mantenido una labor permanente para lograr investigar la verdad. Es así que en mil novecientos noventa y dos se logra que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, ordene la investigación judicial del caso, y con la ayuda de especialistas en antropología forense, especialistas con una capacidad inobjetable y con sentido humanista, se inician las exhumaciones.

Este proceso fue indebidamente cerrado en mil novecientos noventa y cuatro, por medio de una resolución, en la que el juez dicta sobreseimiento definitivo a favor de “cualquier persona que haya pertenecido al Batallón Atlacatl en esa época que ocurrió el hecho”. Este aberrado dictamen contradice hasta la misma lógica jurídica, pues no se puede sobreseer a “cualquier persona”. Es obligación de todo juez identificar al sobreseído, es decir dar su nombre al menos; con esta resolución lo que se denota es que no se quiere ni dar a conocer los nombres de quienes participaron en este genocidio, pues el darlos aun sin haber sanción les estaría señalando como responsables.

Aun con todo ello, Tutela Legal continuó insistiendo en la investigación y es así que se realizaron exhumaciones en varios sitios. Fueron cinco fases de trabajo en diferentes años, lográndose al momento recuperar los restos óseos correspondientes a 281 personas. De estos, según estudios realizados por los antropólogos forenses, el setenta y cuatro por ciento son restos óseos de niños y niñas menores de doce años. Asimismo estos estudios y otros que se relacionan con evidencias encontradas en los sitios de exhumación, muestran que sus muertes fueron a causa de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Tutela Legal ha logrado a través de sus investigaciones individualizar al menos 809 personas ejecutadas durante la matanza, siendo más de 400 los niños y niñas asesinados. No obstante la masacre podría superar las mil personas asesinadas.

Al impedirse internamente el acceso a la justicia en el caso de El Mozote, Tutela Legal no tuvo otra opción que buscar la justicia en instancias internacionales. Es por ello que junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-, interpuso la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la cual ha sido admitida y su proceso continúa normalmente.

En el caso, la Comisión ha expresado que el Estado tiene la obligación legal, indelegable e irrenunciable, de investigar los hechos, pues el Estado de El Salvador es el titular de la acción punitiva. Esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos o de la aportación de pruebas por parte de los mismos.

Tutela Legal continuará obstinadamente abriendo brechas para encontrar algún día la verdad, la justicia y la reparación para este pueblo, para estas familias afectadas por esta barbarie, para la sociedad salvadoreña y para la humanidad entera.

Quienes nos encontramos aquí, no somos turistas, venimos a identificarnos con los miles de asesinados y ofendidos. A nuestro regreso debemos comunicar a quien podamos que estos niños, que esta gente asesinada cobardemente no esta muerta, ha resucitado y caminan junto a nosotros, guiados por nuestro señor buscando la justicia.

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