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Fundadores

Historia de Tutela Legal del Arzobispado

Mons. Arturo Rivera Damas

El Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de San Salvador, Mons. Arturo Rivera Damas, continuando la labor de su antecesor, el emerítísimo y Siervo de Dios, Mons. Oscar A. Romero, defensor de los derechos humanos hasta el martirio, fundó Tutela Legal del Arzobispado. Mons. Rivera Damas desarrolló una pastoral en tres aspectos: a) auxilio a las víctimas del conflicto armado; b) la humanización dels conflicto mediante la protección y promoción de los derechos humanos haciendo énfasis en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario durante esta guerra civil; y c) terminación del conflicto mediante el diálogo y negociación. En este marco Mons. Rivera Damas fundó Tutela Legal de Arzobispado para la promoción y protección de los derechos humanos. Mons. Rivera, desde su propio carisma quiso que la Iglesia Arquidiocesana de San Salvador poseyera una estructura de naturaleza jerárquica para este fin. Como defensor de los derechos humanos él manifestó su cuido pastoral por su pueblo con este mecanismo para que se defendiera la dignidad de la persona humana en medio de la más horrenda realidad, que fue llamada “de locura” por la Comisión de la Verdad. Para esta misión nombró como Directora de Tutela Legal del Arzobispado a la Dra. María Julia Hernández que desde entonces hasta el presente desempeña dicha misión sobre la protección y defensa de la dignidad de la persona humana.

Sucintamente se señalan sólo algunos elementos que caracterizan el trabajo de Tutela Legal del Arzobispado en su trabajo en derechos humanos durante tres etapas:

1. El período de la guerra (1982-enero 1992);
2. El período de la post guerra (febrero 1992-1995) y
3. El presente período (1996 – al presente).

Período de la Guerra (1982 – enero 1992)

En este período la sociedad salvadoreña se encontraba inmersa en los años más cruentos de la guerra civil en El Salvador, que fue una de las más sangrientas de Latinoamérica. Diariamente se encontraban cadáveres por todas partes, muchos desaparecidos, gente capturada, amenazada o torturada; era la época del terror donde los cadáveres aparecían decapitados hasta con sierras eléctricas.

Dra. Maria Julia Hernández Directora de Tutela Legal

La atención a los casos de las víctimas que llegaban a Tutela Legal, sus testimonios, las investigaciones, la imposibilidad de obtener justicia a pesar de las constantes denuncias bien fundamentadas, claramente fueron dibujando el mapa de los patrones de crueldad y deshumanización de la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad, los paramilitares y los fatídicos escuadrones de la muerte enquistados en estructuras estatales trabajando de manera clandestina y vinculados también al poder civil. Escuadrones de la muerte que además de sus objetivos políticos, estaban relacionados con el csrimen organizado, el narcotráfico, secuestros y tráfico de armas, etc. A estas violaciones tenían que agregarse las cometidas por el Sistema Judicial al no actuar según la ley y encubrir y proteger a los violadores. También Tutela Legal tenía denuncias cometidas por el FMLN en cuanto a secuestros y ejecuciones sumarias. La proporción de violaciones de unos y otros según el Informe de la Comisión de la Verdad fue de un 90% de parte de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad, paramilitares y escuadrones de la muerte; un 5% del FMLN y otro 5% que no se pudo determinar.

En esta situación grave de violaciones de derechos humanos, Tutela Legal trabajó incansablemente pidiendo la administración de justicia y la protección de las víctimas, lo cual llevó a Tutela Legal a ejercer mecanismos jurídicos y crear sus propios mecanismos de protección para las víctimas.

Mecanismos Jurídicos

Tutela Legal del Arzobispado, desde sus inicios, empleó los recursos jurídicos que la ley otorga en los casos terribles que se les presentaban, pero sin embargo, el sistema judicial no funcionaba. Estábamos en aquella situación en que la Comisión de la Verdad calificó como no sólo violada por los militares o combatientes de las partes en conflicto, sino que coadyudaba a estas violaciones el sistema Judicial. Ante un sistema que no funcionaba no nos quedaba más que insistir con los recursos jurídicos ante las diversas instancias: juzgados militares, ante la Corte Suprema de Justicia, etc. Estas acciones jurídicas iban conformando el archivo de la víctima y la constatación escrita de tantas personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas sumariamente y la no funcionabilidad del sistema judicial.

Mecanismos no Jurisdiccionales

Ante el no funcionamiento de sistema Judicial, Tutela Legal desarrolló mecanismos no jurisdiccionales de investigación de las violaciones de derechos humanos. Aprendimos a investigar criminalísticamente, a acudir a la ciencia forense y a la balística. Hacíamos investigaciones in situ aún en las condiciones más difíciles como inspección de zonas de bombardeos, ejecuciones y masacres en zonas de conflicto por más alejadas que estas fueran o que se tratara de impedimentos de accesibilidad por parte de la Fuerza Armada. Este mecanismo fortaleció los casos de tal manera que eran irrefutables sus presentaciones ante los juzgados correspondientes, pero estos casos eran engavetados en dichos tribunales y obstruidos para su procedimiento judicial. Los militares llegaron hasta introducir ex soldados o cabos y sargentos como Jueces de Paz para tal obstrucción; o en otros casos los mismos militares reconocían y levantaban cadáveres no obstante nuestra denuncia a la Corte Suprema de Justicia, o los jueces se negaban a reconocer a las víctimas. Los juzgados están llenos de estos casos.

Mecanismos del Derecho Internacional

Tutela Legal del Arzobispado recurrió a los tres sistemas de protección de los derechos humanos que nuestro país ha aceptado con su firma y ratificación de convenios, protocolos, tratados y convenciones. Como son el sistema de las Naciones Unidas, el de la Organización de Estados Americanos y el de Ginebra con el Derecho Internacional Humanitario. Presentamos nuestros casos al relator para El Salvador Dr. Pastor Ridruejo y otras instancias de la ONU, lo cual ayudó para que internacionalmente se incidiera en la protección y demanda del respeto de los derechos humanos al Estado de El Salvador y a la parte insurgente, el FMLN. Presentamos casos y solicitamos visitas in loco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y trabajamos con la Cruz Roja Internacional para evacuaciones de población desplazada, lisiados de guerra y entrega de prisioneros de guerra.

Mecanismos de Recursos ante Instancias Militares

Como el militarismo se impuso de tal manera que nada funcionaba sólo lo que ellos decidieran, Tutela Legal desarrolló un sistema de recurso de casos ante los cuerpos de seguridad, ante la Fuerza Armada y el Estado Mayor. Era un recurso donde se les hacía la petición a los Jefes militares que investigaran el paradero de la víctima en todas sus instancias o en la que se sabía en dónde estaba la víctima, que en caso de haber cometido algún delito la víctima, que se la remitiera a la instancia judicial correspondiente o que por razones de humanidad, según el Derecho Internacional Humanitario, admitieran la tenencia de la víctima o la dejaran en libertad. Este mecanismo fue penetrando las estructuras militares y salvó vidas.

Ante los secuestros y ejecuciones cometidos por el FMLN, el Arzobispo de San Salvador Mons. Rivera Damas, aparte de los casos que personalmente él mismo trató, creó un mecanismo para el trabajo de Tutela Legal del Arzobispado. Mons. Rivera habló con el FMLN y se creó un mecanismo de recepción de casos de violaciones de los derechos humanos por parte del FMLN en la ciudad de México. Por las circunstancias del caso tenía que ser secreto este mecanismo. Mons. Rivera enviaba a México a la Directora de Tutela Legal del Arzobispado y ella presentaba los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por el FMLN en México a un representante de ellos. Los casos eran recibidos por el FMLN y enviados por ellos por sus canales propios a El Salvador, a sus respectivos frentes y luego ellos reenviaban la información a México y entregada a Tutela Legal. Fueron grandes las dificultades de comunicación, pero lo importante es que había un canal ya abierto para proteger también a las víctimas del conflicto armado en El Salvador por parte del FMLN.

Mecanismos Pastorales de Protección

El gran mecanismo de protección para las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos fue la denuncia homilética que ya había sido instituída y dado su vida por estas denuncias Mons. Oscar A. Romero. Sin lugar a dudas estas denuncias mediante la homilía dominical protegieron y salvaron muchas vidas de miles de personas, humanizó el conflicto a pesar de las diatribas por el modo profético y evangélico de la Iglesia de afrontar esta realidad. Mons. Rivera Damas siguió los pasos de Mons. Romero. También Tutela Legal del Arzobispado tuvo el espacio de denuncia ante los órganos nacionales e internacionales correspondientes y en los medios de comunicación social, cerrándose estos medios paulatinamente.

Otro gran mecanismo fue el mecanismo de los refugios de la Iglesia en El Salvador que Mons. Rivera Damas creó para la protección de la población civil desplazada. Estos refugios estuvieron a cargo del Secretariado Social Arquidiocesano. El Secretariado Social nos prestó innumerables servicios en razón de protección a personas perseguidas. En Honduras, la Iglesia de Honduras, concretamente la diócesis de Mons. Luis Santos y Cáritas de Honduras acogieron a la población salvadoreña que horrorizada atravesó las fronteras. Tutela Legal del Arzobispado ayudó al avance del derecho humanitario en relación a los refugiados. Fue cuando ACNUR, bajo su mandato dejaba a los refugiados en la frontera que individualmente querían retornar a El Salvador. ACNUR los acompañaba desde los campamentos de Honduras hasta la frontera salvadoreña, alegando que hasta ahí podían ellos proteger a los refugiados según su mandato. Nosotros discutimos mucho este punto con ellos a diferentes niveles y creemos que esto ayudó en el avance de protección a refugiados, después ACNUR extendió su mandato hasta no sólo proteger y dejar a los refugiados en la frontera en su retorno al país de origen sino adentrarse con ellos al país de retorno, en este caso El Salvador, y acompañarlos hasta su destino para que no fueran capturados por los militares como lo hacían sistemáticamente acusándolos de subversivos.

Cuando llegó el tiempo de que los refugiados voluntariamente retornaran en masa dejándo los refugios de Honduras y regresaran a El Salvador por la frontera de Chalatenango, Tutela Legal luchó para que el Ministerio del Interior documentara a los refugiados con cédulas de identidad u otro documento de identidad para proteger sus vidas y su integridad personal debido a que el desplazamiento de cualquier persona indocumentada era objeto de acusaciones y detenida y hasta desaparecida. El pretexto del Ministerio del Interior para no documentar a las personas retornadas era que más adelante iba a poner decenas de abogados para procesar sus identidades y decían que además estas personas no tenían en su inmensa mayoría ninguna clase de papel que ayudara en su identidad. El que los retornados no tuvieran documentos de identidad era comprensible debido a que cuando se realizaban los operativos militares y arrasaban los poblados lo único que importaba a la gente civil era salir corriendo para salvar la vida, nadie se detenía a pensar en llevar documentos de identidad. Nosotros presentamos al Ministerio del Interior proyectos de decretos legislativos para solventar este problema pero no se hizo nada y las promesas no se cumplieron. Fue entonces que creamos bajo la autoridad del Arzobispo Metropolitano de San Salvador el carnet de identidad de los repobladores para toda la población que ingresó en esos años, y ese papelito salvó vidas y permitió la movilización de los repobladores en esos terribles años.

Mecanismos de la Solidaridad Internacional

Tutela Legal del Arzobispado fue fuente para organismos internacionales de derechos humanos para la protección de las víctimas de estas violaciones, especialmente con Americas Watch, también con Aministía Internacional y otras, y la prensa internacional.

También la solidaridad internacional para proteger a víctimas de persecución en El Salvador se hizo presente mediante países que dieron refugio a miles de familias y personas perseguidas. En 1983 se presentó una delegación del gobierno de Canadá a Tutela Legal del Arzobispado para ofrecer e iniciar en nuestras propias instalaciones de Tutela Legal un programa de salida, estadía e integración en la sociedad canadiense a aquellas personas perseguidas que estuvieran en peligro de muerte por causas de nuestro conflicto armado. Coincidió que en esos momentos teníamos un grave problema de protección a reos políticos que estaban saliendo de la cárcel beneficiados por la primera amnistía que se dio en este conflicto armado. Reos políticos que sentían tal temor por sus vidas que algunos preferían quedarse en la misma cárcel esperando el momento propicio para salir de ella no obstante se les entregaba la orden de libertad. Realmente eran perseguidos y algunos perdieron la vida. Luego vino Australia con el mismo programa, luego el entonces llamado CIM (Comité Internacional para las Migraciones que luego cambió a OIM y que abrió su instalaciones para este servicio) y por último vino Suecia con el mismo programa.

Los primeros ex reos políticos a los cuales les ofrecíamos este recurso para salvar sus vidas, dudaban de irse a esos hielos lejanos canadienses o a esos países lejanos, Australia y Suecia. Se les convencía de la oportunidad de rehacer sus vidas y protegerlas y se logró que fueran saliendo del país junto con sus núcleos familiares. Después de salvar a muchas personas y sus familias. Otros países europeos también ayudaron esporádicamente como Francia y Alemania; México ayudó con obtención de visas a estos casos de protección de personas perseguidas. Estos programas migratorios de los cuales nosotros fuimos facilitadores fueron para nosotros un recurso invaluable para la protección de tanta víctima de violaciones de derechos humanos.

Las delegaciones internacionales de otros países de todo tipo, de todo credo, desde los más altos dignatarios hasta los más humildes ciudadanos que vinieron a El Salvador en esa época y que recibiera Tutela Legal del Arzobispado, interesadas en conocer la realidad salvadoreña, no sólo concientizó a muchas personas de otras naciones, sino también los que ya estaban concientizados prestaban su solidaridad activa con el pueblo salvadoreño mediante el ejercicio de su deber y derecho universal de defensa y promoción de los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Mecanismos de Educación de la Población Civil

Debido a la constante, sistemática y prepotente violación de los derechos humanos a que era sometida la población civil, sobre todo en el área rural, Tutela Legal se vio necesitada de educar a dicha población en el Derecho Internacional Humanitario y en la Constitución de la República de El Salvador. Pero esto era muy difícil, porque era catalogado como subversión.

Para los Acuerdos de Paz

Una de las primeras preocupaciones que tuvo que resolverse fue lo concerniente a la materia de los derechos humanos. Nuestro Arzobispo, Mons. Arturo Rivera Damas jugó un papel importantísimo en el asunto. Tutela Legal del Arzobispado también contribuyó especialmente cuando nuestra institución fue invitada a una reunión, que entonces fue secreta, en Ginebra, por las Naciones Unidas encabezada por el Dr. Álvaro de Soto e integrada por los grandes juristas de aquel entonces en materia de derechos humanos como el Dr. Louis Joinet, jueces internacionales etc. El asunto a discutir fue cómo debería constituirse el componente de los derechos humanos de las Naciones Unidas en El Salvador y conocer la experiencia de cómo trabajaba Tutela Legal del Arzobispado. Oyeron nuestra experiencia y recomendaciones, entre ellas el dejar autónomo el componente de derechos humanos de la ONU en El Salvador de los otros dos componentes, el militar y policial que se pensaban implementar, con el objeto de que no se superditaran los informes de derechos humanos de las Naciones Unidas a presiones y componendas político-diplomáticas en el desarrollo del cumplimiento de los otros Acuerdos de Paz. La sugerencia se examinó, discutió y fue admitida en Ginebra, pero cuando se llevó a Nueva York, las influencias políticas frustraron la sugerencia creándose un organismo, ONUSAL; con un triple componente. El primer director de ONUSAL admitió la problemática de la no autonomía del componente de derechos humanos de la ONUSAL en detrimento de dichos derechos. No obstante, trabajamos con la ONUSALy fuimos fuente para ellos, sobre todo en el período del Dr. Philippe Texier para implementar el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, aún antes de la firma de los Acuerdos de Paz y con ello seguir protegiendo la vida e integridad de las personas en el conflicto armado.

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II) Período del Post Conflicto (1992-1995)

Este período se caracterizó en sus inicios por la gran esperanza que presentaban los Acuerdos de Paz para ir construyendo un estado de derechos, democrático, con justicia y en paz. A pesar de los problemas de calendarización en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz que se fueron dando, el golpe de gracia a estas esperanzas se recibió con el otorgamiento de la Ley de Aministía del 20 de marzo de 1993. Ya para el segundo semestre de ese año las acciones de los escuadrones de la muerte se incrementaron teniendo como fin la desestabilización del proceso de paz, propiciar la generación de condiciones que favorecieran la militarización del país, la obstaculización y neutralización de la Policía Nacional Civil, estos escuadrones pretendían generar temor en sectores de la población civil para que no se incorporaran o apoyaran a partidos políticos u organizaciones sociales que según ellos fuesen una amenaza para sus intereses económicos, políticos o ideológicos. El crimen organizado se consolida y la delincuencia común se dispara.

Para la realización de los Acuerdos de Paz, otro elemento fue la creación de la Comisión de la Verdad. Tutela Legal del Arzobispado trabajó muy estrechamente con la Comisión, nuestros archivos estuvieron enteramente abiertos a ellos con la esperanza de lograr superar la impunidad: que se conociera la verdad de los hechos, que se administrara justicia y se diera una reparación a las víctimas y familiares. Por ese entonces trajimos al país al Equipo Argentino de Antropología Forense para el caso de El Mozote, pero también por ese motivo se impartiera el primer curso de antropología forense a jueces y médicos en El Salvador y se realizaran las exhumaciones en un contexto adecuado. Fue así cómo se realizaron las exhumaciones del caso de El Mozote con la más grande técnica científica para estos casos, viniendo también el mundialmente reconocido Dr. Clyde Sonw y otros. Los resultados de la investigación develaron la realidad de los hechos y derrumbaron la incólume posición del Departamento de Estado de EEUU, sobre la negación de dicha masacre.

La Comisión de la Verdad redactó el informe de todos sus casos en El Salvador, y fue recortado en Nueva York, pero significó un informe oficial que se ofrecía al mundo sobre el horror de los hechos acaecidos en El Salvador con sus sugerencias para que tales violaciones se erradicaran y no volvieran a suceder jamás. Esta esperanza fue frustrada por la Ley de Amnistía, llamada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz” del 20 de marzo de 1993. Esta ley se dio a pesar de nuestra lucha para que no se aprobara dicha amnistía, y a pesar de nuestra denuncia de la negación al pueblo salvadoreño de su derecho a la verdad, justicia y reparación para su reconciliación social; además del gran daño que se le causaba a la sociedad salvadoreña al no investigarse y desmantelarse los escuadrones de la muerte, relacionados a estructuras del Estado, o enquistadas en él, estructuras constituídas no sólo para fines políticos sino también para fines privados por su relación con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, el secuestro, el tráfico de armas, robo de carros, utilización de la delincuencia común para sus trabajos de encargo. Esto fue contundentemente investigado y demostrado por el Grupo Conjunto que se tuvo que instituir por la peligrosa desviación de la Policía Nacional Civil y el alto índice de actividad de estos escuadrones en tiempos del post conflicto.

Ante tanta impunidad, y a falta de un tribunal penal internacional Ad Hoc para el juzgamiento de los crímenes cometidos en El Salvador durante el conflicto armado, Tutela Legal del Arzobispado comenzó a explorar las posibilidades de una justicia penal internacional. En 1993 presentamos en el Congreso Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena, una moción para la consideración de una jurisdicción penal internacional para juzgar el caso de El Salvador. Presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Mons. Romero y otros. En 1994 presentamos la constitución de una Corte Penal Internacional en Asís, Italia y en Münster, Alemania y a todo foro al que nos fue posible asistir. Sueño que la comunidad internacional hizo realidad en Roma en 1998.

Tutela Legal del Arzobispado siguió con su trabajo, los casos de violaciones concernientes al conflicto armado desaparecieron, pero se conformó otro panorama de violaciones de derechos humanos prevaleciendo las violaciones a las garantías al debido proceso.

En este período Mons. Juan José Gerardi invitó a la Directora de Tutela Legal a Guatemala para que le explicara la experiencia de Tutela Legal del Arzobispado en defensa de los derechos humanos, qué y cómo hacer. Fueron largas horas de conversación y discusión en la Antigua Guatemala. Poco tiempo después el Arzobispo de Guatemala y Mons. Gerardi fundaban su estructura jurídico-eclesial para la defensa y promoción de los derechos humanos, la ODHA.

Al final de esta etapa, este quehacer pastoral también coincide con el trabajo sistemático que a nivel latinoamericano emprendía la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, al fundarse en el Departamento de la Pastoral Social (DEPAS) el componente de Pastoral de Derechos Humanos, para lo cual también fuimos llamados a consulta y a fundarlo, presidiendo durante varios años su coordinación. Al final de esta etapa también Dios quiso llamar a su seno a nuestro fundador Mons. Arturo Rivera Damas.

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III) Período Actual (1996 hasta la Fecha)

En la nueva etapa, y con ello, al elegirse Arzobispo de San Salvador, a Mons. Fernando Sáenz Lacalle, tenemos un nuevo Jefe, quien ha seguido con la pastoral de derechos humanos. En el Plan Quinquenal de la Arquidiócesis de San Salvador, se instituyó la sexta prioridad pastoral en derechos humanos. En este período, además de la impunidad del pasado y del presente, se configuran las graves violaciones a la vida, al debido proceso, a la violación al deber de garantía del Estado de El Salvador, pero se profundizan de una forma alarmante las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la globalización y el modelo neo liberal llevado a término por sus instituciones multilaterales. El mundo entero experimenta la más grande deshumanización, las más graves violaciones de derechos humanos bajo el esquema del comercio e inversión, dejando al hombre y a la mujer como un elemento del engranaje del usufructo y saqueo de la escasa riqueza nacional que es extraída para pocos a nivel mundial y a nivel local. El pueblo salvadoreño está experimentando las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales más graves de su historia: violaciones del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, y para ello se están conformando las estructuras de represión adecuadas. El golpe de gracia para el saqueo de los recursos naturales de El Salvador y otras violaciones socio-económicas se da con la firma y ratificación del CAFTA.

En este último período se experimenta una curva ascendente de violencia generalizada en El Salvador, y según análisis internacionales somos el país más violento de Latinoamérica relativamente hablando. Se ha incrementado la violencia a todo nivel y su complejidad arrasa a la juventud, a las mujeres, a la niñez y a toda persona, empleándose por parte del Gobierno malas y erróneas políticas, además de no funcionar la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República y otras instancias judiciales lo cual sigue siendo un reto para la defensa y promoción de los derechos humanos del pueblo salvadoreño en la labor de Tutela Legal del Arzobispado.

Educación de Derechos Humanos y Comisiones Parroquiales de Derechos Humanos

Dentro de este quehacer, sin lugar a dudas, la educación en derechos humanos forma parte esencial de los esfuerzos por protegerlos, por ello, durante nuestro actual período hemos tratado de fortalecer el trabajo que realizamos en este campo, para ello estamos llegando hasta las parroquias y conformando en ellas Comisiones Parroquiales de Derechos Humanos, los cuales son para nosotros esperanzas locales para hacer que en todo rincón de El Salvador los derechos humanos lleguen a ser una realidad.

"Esta grave situación es el desafío para todo organismo de derechos humanos, y Tutela Legal del Arzobispado, fundamentados en nuestros principios evangélicos, según la doctrina social de la Iglesia, nos anima a seguir, si Dios así lo quiere, luchando por la dignidad de la persona humana"

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