“Los proyectos que solamente se montan para mantener privilegios escandalosos, no pueden ser de Dios”. Mons. Romero homilía 2 de marzo 1980.
Desde hace varios años, las comunidades de los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco, Nuevo Edén de San Juan y San Gerardo en el norte de San Miguel, acompañadas de una buena cantidad de sacerdotes, han realizado diversas acciones para evitar la construcción de la Represa El Chaparral.
La oposición de la población de la zona a la construcción de esta Represa tiene como fundamento, la afectación que se hace al recurso hídrico, a la producción de granos básicos, desplazamientos obligatorios e incrementos de enfermedades y deterioro de la calidad de vida de más de 9 mil habitantes y que abarcará más de 52 kilómetros cuadrados.
El responsable de este “proyecto” de desalojos forzados es el Estado de El Salvador, a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien está obligando a los habitantes de varios municipios del departamento de San Miguel a desalojar los terrenos que actualmente ocupan, sin que hasta el momento haya existido una información clara y transparente de los alcances de sus objetivos y de los medios para resarcir los daños que pretenden ocasionar.
1. Antecedentes
Desde 1997, pobladores de diferentes cantones y caseríos de las jurisdicciones de Carolina, San Luis de la Reina y San Antonio del Mosco en el departamento de San Miguel, escucharon acerca de la posible construcción de esta presa sobre el río Torola, sin embargo, nadie imaginó la magnitud del citado proyecto.
Ante la incertidumbre de la construcción, pobladores de la zona comenzaron a organizarse y a pedir información a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), sin embargo éstos no obtuvieron resultados satisfactorios ya que dicha institución únicamente les decía que la construcción de la mencionada represa ayudaría a la población para su desarrollo.
En ese período nunca lograron obtener información acerca de los lugares afectados, fue hasta octubre del año 2001, que CEL invitó a los líderes de los caseríos y comunidades de Carolina, San Luis la Reina y San Antonio delMosco, juntamente con los Alcaldes de estas poblaciones, a las primeras reuniones sobre el caso.
A las reuniones antes citadas CEL no invitó a ningún propietario de las tierras afectadas, ni a las personas que tendrán que ser reubicadas, lo cual les pareció erróneo a los pobladores, ya que son ellos los primeros que debieron ser informados.
En estas reuniones, los funcionarios explicaron a las personas que se invitó, que el proyecto se encontraba en la etapa de factibilidad, sin embargo, ya se había dado el inicio de algunas obras. Debido a lo cual, pobladores de Carolina ya organizados comenzaron a exigir a las autoridades de CEL que se retiraran de los terrenos de las familias afectadas, situación que no fue atendida por dicha empresa.
Ya en este mismo año 2001, Tutela Legal del Arzobispado, tuvo conocimiento de amenazas a las primeras personas organizadas en contra de la construcción de la Represa, con anónimos como el siguiente: “Por este medio hacemos de su conocimiento que como empresa usted nos esta afectando en el proyecto que queremos desarrollar en la localidad de Carolina, por tanto quisiéramos sugerirle que no siga entrometiéndose en nuestro proyecto y se haga a un lado por el bienestarsuyoy de la comunidad misma. Esperamos nuestras palabras le sirvan para recapacitar y pensar en retirarse. ATTE. LA EMPRESA”.El anónimo fue redactado en maquina eléctrica o en computadora.
Al mismo tiempo, en la radio YSKL se montó, una campaña de desprestigio en contra de dicha población y sus dirigentes, al grado que el periodista Raúl Beltrán Bonilla, a través del programa La Crónica YSKL, transmitido en dicha radio, ha ensalzado el proyecto y ha señalado a los pobladores de Carolina y otros municipios como cuatreros, delincuentes y traficantes.
Sobre esta problemática, se pronunció la Diócesis de Santiago de María y los delegados de la Palabra de Dios de la Vicaría Monseñor Oscar Arnulfo Romero de la misma Diócesis. También los pobladores acudieron a la Asamblea Legislativa, con una pieza de correspondenciaen la que se pidió a los diputados interponer sus oficios a fin de evitar la construcción de dicha represa y consecuentemente la destrucción de sus tierras y del medio ambiente, de los municipios del norte del departamento de San Miguel.
Otros intentos de de dialogo, se realizaron en el año 2005, por medio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución que en su informe preliminar de la PDDH se instó a las autoridades pertinentes a cumplir con el deber de informar a la población sobre los impactos y alcances del proyecto. Asimismo, recomendó que se realicen los estudios técnico pertinentes "(Informe Preliminar de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la Construcción de la Presa Hidroeléctrica “El Chaparral”, emitido el 5 de marzo de 2005.)que abarquen todos los rubros susceptibles a ellos, y que los mismos, tomen como fundamento el bienestar y dignidad de la persona humana.”
En el mes de mayo de 2005, las partes acordaron formar una Mesa de Diálogo y Negociación, presidida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; negociaciones que fueron suspendidas debido a que los afectados denunciaron que la autoridad encargada de ejecutar el proyecto la CEL, no había cumplido con sus compromisos adquiridos.
2. Intimidación, difamación y amenazas recientes al Padre Antonio Confesor Carballo.
El 05 de noviembre de 2008, después de una conferencia de Prensa realizada en las instalaciones de la Iglesia Anglicana, en el departamento de San Salvador, el Sacerdote Antonio Confesor Carballo Hernández, Párroco del municipio de San Antonio del Mosco en el departamento de San Miguel, denunció una serie de amenazas, persecuciones e intimidaciones de que ha sido objeto por parte de personas desconocidas.
En su denuncia el padre Antonio Confesor Carballo Hernández señala, que acompaña a los pobladores de los municipios mencionados, desde hace unos ocho años, ya que han sido objeto de intimidaciones para entregar sus tierras a la fuerza, por unos pocos centavos a las personas que van a construir la Represa El Chaparral, por lo cualha respaldado a los afectados en la denuncia y exigencia de sus derechos fundamentales.
Agregando, que desde hace aproximadamente seis meses, ha sido objeto de persecuciones, seguimientos, calumnias y amenazas; específicamente hace seis meses le dieron seguimiento en la zona de San Antonio del Mosco en San Miguel, varios sujetos desconocidos, dentro de un vehículo sedan que no pudo identificar, pero lo cual fue observado por varias personas de dicho municipio.
Denunciando también, que estas personas que quieren dañarlo, divulgan noticias falsas de su persona y hablan a diferentes medios informativos, como radios y periódicos diciendo, de que a él lo han asesinadoo que han ametrallado su vehículo, teniendo que desmentir dichas noticias el denunciante; situaciones que se han seguido dando recientemente.
Asimismo, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha estado pendiente de su situación , ante su posible captura y debido a la situación de amenazas en que se encuentra el declarante y otras personas del municipio de San Antonio del Mosco en el departamento de San Miguel.
Manifestando que la acción del 25 de octubre del corriente año, en la que es señalado como instigador de los manifestantes que quemaron una bodega propiedad de CEL, fue realizada por sujetos desconocidos que se infiltraron en la protesta. Pero que las imágenes que ocupa el periódico el Diario de Hoy de su persona, son de la fecha 30 de septiembre, cuando el acompaño una protesta de la población en el municipio de San Luis de la Reina, debido a que se puso la primera piedra del Proyecto de la Represa El Chaparral.
Debido a lo cual se han escuchado rumores, de que se le demandarápenalmente por haber participado en la acción del 25 de octubre, situación que es falsa, pero que ha preocupado a los feligreses, a quienes los encargados de la construcción de la represa el Chaparral, tienen intimidados y tienen gente armada muy peligrosa.
Estas acciones, ya fueron denunciadas públicamente ante instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que le ha dado seguimiento al caso. Asimismo, se ha pronunciado al respecto la Diócesis de Santiago de María, el día 05 de noviembre de 2008.
Las instituciones que acompañan la lucha de los afectados por la construcción de la Represa El Chaparral, han manifestado su apoyo al padre Confesor Carballo y a los miles de afectados, han manifestado su preocupación por el ataque al sacerdote, quien esta siendo amenazado, intimidado y difamado en diferentes medios de comunicación por su labor de acompañamiento, lo cual violenta lo establecido por la “Declaración de los Defensores de Derechos Humanos”, aprobada por Naciones Unidas en 1998. Que entre otras cosas dice en su art. 12: “Toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los derechos mencionados en la presente declaración.”
Nuevamente esta amenaza y violación a los derechos humanosconsagrados en nuestra Constitución, ha activado y puesto enmarcha la solidaridad de diversos sectores sociales, gremiales, religiosos quienes están acompañando la lucha de estas comunidades desde el recién fundado Comité de Solidaridad en Defensa de las Victimas Del Chaparral, por sus siglas COSECHA, espacio desde el cual se ha procedido a actividades de denuncia pública yacciones de hecho.
Ante estos hechosTutela Legal, establece claramente una violación a los derechos a la Integridad Física y Moral, derecho a la Libertad de Expresión, a la vivienda digna, a la propiedad y al trabajo de los pobladores de los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco, Nuevo Edén de San Juan y San Gerardo, pues son personas cuya subsistencia depende únicamente de su producción agrícola, la cual difícilmente podrán sustituir.
Los desalojos forzosos que se están realizando enla zona, llevan consigo incalculables costos humanos para las poblaciones afectadas, por loque toda justificación que se haga debe ser analizada desde el punto de vista de los derechos humanos. Eneste tipo de desalojo el gobierno está obligado a realizar asentamientos, sin embargo, experiencias vividas por habitantes cercanos al embalse del Cerrón Grande, indican que el Estado no se ha esforzado por ayudarles a superar su vulnerabilidad, encontrándose en situación de grave violación a sus derechos, principalmente económicos y sociales, situación que sin lugar a dudas puede repetirse en el presente caso.
Este proyecto es parte de otros proyectos, como las extracciones mineras metálicas en El Salvador, que también dañan los recursos hídricos, y que especialmente contaminan aguas subterráneas.Sumando a este daño, la falta de una Ley de Agua que recoja los avances en esta materia, establecidos en conferencias, declaraciones y jurisprudencia internacional al respecto.