San Salvador 22 de Abril de 2008

Los familiares y las comunidades de la masacre de El Barrío recuerdan a las víctimas y claman justicia.

El día sábado 18 de abril del presente año, en la mañana, nos reunimos en el lugar conocido como el Caserío El Barrío, Cantón Nombre de Jesús, Municipio El Divisadero en el Departamento de Morazán al oriente del país, un aproximado de 500 personas, la mayoría habitantes de las comunidades aledañas al lugar, para conmemorar la masacre de 49 personas del lugar, hace 26 años, en el marco de una fuerte y despiadada represión contra los campesinos de toda la región.

En el evento, realizado con mucha humildad pero con mucha solemnidad. Se ofició una misa conmemorativa por parte del Párroco de la Ciudad de Jocoro, Oscar Alberto Romero, quien apoyó a los familiares en la organización del evento. Participó también en el acto el Alcalde del Municipio de El Divisadero. El abogado representante de Tutela Legal del Arzobispado, Licenciado Wilfredo Medrano, dirigió unas palabras en el acto, recordando las vicisitudes del proceso jurídico para alcanzar justicia en este caso. Señaló asimismo los obstáculos que se enfrentan para judicializar el caso debido a la negligencia de las instituciones estatales concernidas. Reiteró el compromiso de Tutela Legal de continuar trabajando junto a los familiares de las víctimas para lograr establecer la verdad, la justicia y lograr la reparación moral y material de los afectados en este caso.

Don Santos Benitez, cuyos familiares fueron brutalmente asesinados, dedicó unas palabras en el evento, recordando los bestiales hechos que incluyeron el asesinato y violación de su joven hermana. Don Santos expresó su indignación e impotencia frente a la indiferencia y negligencia de la Fiscalía General de la República y demás instituciones gubernamentales. Pero igualmente instó a continuar en la búsqueda de justicia y llamó a mantener la organización de los familiares de las víctimas.Es así que en los próximos días se constituirá el comité de Familiares de víctimas de la masacre de El Barrío para dar paso a la construcción de un monumento conmemorativo y acciones de incidencia en torno a la judicialización del caso.

La masacre en El barrío.

El día 18 de abril de 1982, en el caserío El Barrío, cantón Nombre de Jesús, jurisdicción de El Divisadero y en el caserío Santa Rosita, Cantón La Jagua, jurisdicción de San Carlos, ambos municipios del Departamento de Morazán, se realizó un fuerte operativo militar ejecutado por oficiales y soldados pertenecientes al Batallón Atlacatl, quienes procedieron a sacar de las casas de manera violenta a las familias habitantes de estos lugares. Las personas, adultos y niños, fueron obligados a lanzarse al suelo boca abajo e interrogados acerca de sus vínculos con la guerrilla. Momentos después comenzaron a dispararles y ametrallarlos asesinando varias decenas de personas. Algunas mujeres adolescentes fueron separadas del grupo y llevadas a una quebrada donde fueron brutalmente violadas y posteriormente asesinadas.

Las humildes viviendas fueron saqueadas y destruidas por los militares, los animales sufrieron la misma suerte que las personas, fueron brutalmente lapidados; el lugar quedó arrasado. Los militares se retiraron al completar la barbarie. Horas después, con mucho temor aún, familiares de los asesinados regresaron al lugar para enterrar a sus familiares en fosas colectivas. Fueron asesinadas 49 personas, entre niños, mujeres, hombres y ancianos; residentes en el Caserio El Barrío.

Esta masacre como muchas otras, debido a la censura y el terror creado, permaneció oculta durante mucho tiempo. Fue hasta que un grupo de familiares de las víctimas se armó de valor para denunciarla y recurrió para ello a las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, que se comenzó a conocer e investigar el caso. Tutela Legal adoptó la decisión de brindar todo el apoyo moral y técnico jurídico a los familiares de los masacrados.

Es así que la institución, en representación de los afectados, realizó la investigación técnica de los hechos que condujeron a la matanza y las circunstancias en que esta ocurrió. Este proceso desembocó en las exhumaciones correspondientes, estableciéndose científicamente la perpetración de la Masacre. Asimismo Tutela Legal presentó una denuncia contra los responsables de la masacre ante la Fiscalía General de la República, mediante la cual exigió la apertura de un proceso penal y la no aplicabilidad de la Ley de Amnistía. Los abogados de Tutela Legal actúan como Querellantes en el caso. El caso se encuentra en la etapa de la investigación fiscal, sin que se haya judicializado por dicha autoridad. El cruel hecho, considerado un delito de lesa humanidad, se mantiene impune debido a la falta de voluntad política del Estado salvadoreño.

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COMUNICADO DE PRENSA REALIZADO POR TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO SOBRE SITUACION EN EL CASO DEL SITIO DEL NIÑO, San Salvador 10 de Enero de 2008

CIDH Abre proceso contra el Estado Salvadoreño en caso de BATERIAS RECORD

Lic. Alejandro Díaz (Abogado), Lic. Ovidio Mauricio González (Director), y habitantes de Comunidad Sitio del Niño.

En conferencia de Prensa realizada el día 10 de Enero del 2008. Tutela Legal dió a conocer la apertura del proceso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Salvadoreño en el caso de contaminación con plomo por Baterías RECORD.

I. Con fecha 02 de enero de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la solicitud de Medidas Cautelares e interpeló al Estado de El Salvador, para que en el plazo de 15 días le informe sobre la situación actual de 38 niños intoxicados con plomo, por la contaminación realizada por la fábrica y recicladora “Baterías de El Salvador S.A. de C.V.” conocida como fábrica Récord. Este hecho se constituye en la apertura de un proceso de carácter internacional para hacer valer los derechos de la población del Cantón Sitio del Niño del Municipio de San Juan Opico, afectada por la contaminación por plomo, y coloca al Estado salvadoreño en la obligación de responder ante la comunidad internacional por su negligencia y graves omisiones en este caso.

II. El 03 de diciembre de 2007, Tutela Legal del Arzobispado y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una Solicitud de Medidas Cautelares en favor de 38 niños que han resultado vulnerados en su vida, integridad física y salud, debido a la contaminación ambiental realizadas por lafábrica y recicladora “Baterías de El Salvador S.A de C.V” conocida como fábrica Récord, siendo responsables de estas acciones los representantes y accionistas de dicha empresa y por omisiones en delitos de carácter ambiental cometidas por instituciones del Estado Salvadoreño.

III. La presentación de las Medidas Cautelares estuvo precedida de un conjunto de acciones jurídicas y gestiones administrativas ante los entes estatales competentes. Contándose con un acopio de abrumadoras pruebas científicas, testimoniales y documentación de respaldo, Tutela Legal, en representación de las víctimas de contaminación e intoxicación por plomo en el Cantón Sitio del Niño en el Municipio de San Juan Opico en el Departamento de La Libertad, presentó una querella ante la Fiscalía General de la República, esperando la consecuente apertura del proceso judicial en contra de los responsables de los delitos ambientales cometidos. A esta acción se han agregando nuevos elementos de prueba y se han anexado Poderes Especiales para Querellar y Acusar, otorgados por cientos de pobladores del Cantón Sitio del Niño. Asimismo se presentó a la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia solicitando se emita un dictamen favorable en el cual se recomiende al Fiscal General de la República la judicialización inmediata del caso.

IV. A pesar de todas las acciones descritas, de la denuncia permanente que la comunidad realiza de la vulneración a sus derechos y de la falta de respuesta estatal y de aceptación de responsabilidad por parte de la empresa Record, hasta ahora no se ha judicializado el caso ni se ha atendido las graves consecuencias y secuelas que el proceso de contaminación ocasiona en la población de Sitio de Niño y especialmente en sus niños y niñas. La Fiscalía General de la República se niega a proceder a lo que son algunos de sus mandatos Constitucionales esenciales (Art. Cn. 193): defender los intereses del Estado y de la sociedad, promover de oficio o petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y promover la acción penal de oficio o petición de parte. Esto en franco incumplimiento de sus funciones, violentando el derecho de acceso a la justicia.

V. Tan escandalosa es la inoperancia y las omisiones estatales en este caso, que uno de los entes gubernamentales, laCorte de Cuentas de la República, realizó un Examen Especial de Auditoría concluyendo que existen “serias deficiencias en el manejo y seguimiento del caso de contaminación ambiental por parte de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Alcaldía Municipal de San Juan Opico”, determinándose abrir un juicio de cuentas en contra de estas cinco instituciones estatales (Negligencia. Contraloría señala fallo estatal en caso Récord. La Prensa Gráfica, 14 de diciembre de 2007, Pag. 2.). Estudios recientes sobre la contaminación del suelo en Sitio del Niño como el estudio piloto del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) de la Universidad de El Salvador, revela que el plomo en el suelo de la zona rebasa el estándar permitido. Asimismo, en la zona se encuentran todavía 33,000 toneladas métricas de escoria dentro de las instalaciones de la fabrica Récord; desechos que no están protegidos de acuerdo a los estándares de tratamiento, manejo y disposición de sustancias peligrosas, los cualesse siguen propagando por la zona sin ningún control.

VI. Tutela Legal del Arzobispado exige al Estado salvadoreño adopte las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados en los derechos fundamentales de los habitantes del Cantón Sitio del Niño y especialmente que se otorgue un tratamiento médico adecuado a los niños y niñas afectados y que se tomen las medidas apropiadas para el saneamiento de la zona. Asimismo llama a la sociedad nacional e internacional a mantenerse atentos a este proceso iniciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 38 niños afectados en su integridad física y salud, debido a la contaminación ambiental realizada por la fábrica Récord y por omisiones en delitos de carácter ambiental por parte de instituciones del Estado Salvadoreño y especialmente por la Fiscalía General de la República, quien tiene obligación de abrir proceso judicial por el delito cometido.

VII. El Estado salvadoreño se ha caracterizado por carecer de vocación de respeto de los derechos humanos de la población, lo que ocasiona que cada vez más la comunidad internacional deba intervenir y llevarlo a su escrutinio para hacerlo cumplir los mandatos esenciales que emanan del marco internacional de los derechos humanos. Por ello Tutela Legal continuará demandando nacional e internacionalmente el resarcimiento de los derechos de cientos de personas incluyendo niños y niñas afectadas gravemente por la contaminación por plomo y de miles de familias que sufren actualmente sin ningún tipo de asistencia estatal ni privada las consecuencias de un proceso de contaminación ambiental.

Download comunicado de Prensa [10/01/08]

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