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Durante los días 05 al 07 de Febrero de 2007, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, realiza una visita a El Salvador, a los efectos de entablar comunicación con el Gobierno, organizaciones de derechos humanos y víctimas sobre la problemática sufrida por las personas víctimas de la desaparición forzada o involuntaria en el país.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias brinda asistencia humanitaria a las víctimas para la búsqueda y determinación del paradero de las personas desaparecidas forzadamente y facilita comunicaciones con los Gobiernos. Además supervisa el cumplimiento de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.
Con fecha 05 de febrero de 2007, los integrantes del Grupo de Trabajo sostuvieron una reunión con los organismos de derechos humanos, en su mayoría aquellos que conforman la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, que son los siguientes: Tutela Legal del Arzobispado, Asociación Pro Búsqueda, CPDH “Madeleine Lagadec”, CODEFAM, CDH-ES, COMAFAC y CO-MADRES.
Los organismos presentes expusieron los graves incumplimientos que el Estado de El Salvador ha cometido respecto de sus obligaciones constitucionales, internacionales y de derecho interno para con las víctimas de la desaparición forzada o involuntaria de personas en nuestro país.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU conoce de un total de 2,270 denuncias de desapariciones forzadas de personas en El Salvador, ocurridas en su mayoría dante el período de 1980 a 1983, los cuales no han sido esclarecidos por el Estado y continúan abiertos al conocimiento del citado Grupo de Trabajo. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas contabilizan un total de 8,600 desapariciones forzadas de personas antes y durante el conflicto armado interno.
La reunión del 05 de Febrero de 2007 permitió entregar al Grupo de Trabajo de la ONU información sobre las siguientes problemáticas:
- La negativa del Gobierno de El Salvador a sostener conversaciones y atender las peticiones y propuestas realizadas por el Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica en materia de derechos de las víctimas de la desaparición forzada en El Salvador.
- La total negativa del Gobierno de El Salvador a impulsar o permitir la búsqueda de las personas desaparecidas forzada o involuntariamente en el país, así como su negativa a proporcionar información sobre el paradero de las personas desaparecidas que están en su poder, especialmente en los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador.
- La protección a los criminales de lesa humanidad salvadoreños que cometieron desapariciones forzadas de personas, a través de la Ley de Amnistía General de 1993.
- La negativa del Estado de El Salvador a ratificar importantes instrumentos internacionales que consagran los derechos de las víctimas de la desaparición forzada de personas, tales como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA.
- La negativa del Estado salvadoreño a dignificar la memoria de las víctimas mediante la declaratoria del “Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas” cada 30 de agosto, coincidiendo con la fecha en que se conmemora el Día Mundial de las Personas Víctimas de la Desaparición Forzada.
- La tipificación incompleta e inadecuada del delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal Salvadoreño, el cual establece penas irrisorias, la figura inaceptable de la desaparición “culposa” (accidental) y pretensión de excluir de la justicia a las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas antes del año 1998.
- La negativa del Estado salvadoreño a crear una Comisión Nacional de Búsqueda de las Personas Desaparecidas Forzada o Involuntariamente en El Salvador, con participación conjunta del gobierno y las organizaciones de derechos humanos.
- La omisión de investigación del Fiscal General de la República y de algunos jueces que conocen de denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, algunas de ellas referidas a la desaparición forzada de personas, especialmente en lo relativo a requerir información sobre la identidad de oficiales y efectivos de la Fuerza Armada que perpetraron tales delitos.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Históricasolicitó al Grupo de Trabajo su intervención humanitaria ante el Gobierno, a los efectos de incidir en la superación de estos graves obstáculos que impiden establecer el paradero de miles de personas desaparecidas forzada o involuntariamente en El Salvador o el de sus restos.
Dado en San Salvador, a los 06 días del mes de Febrero de 2007.
Dra. María Julia Hernández
Coordinadora
Comisión Pro-Memoria Histórica: CODEFAM, COMAFAC, COMADRES, FESPAD, CDHES, DDH- Sínodo Luterano, Asociación Pro-búsqueda, Tutela Legal del Arzobispado,Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”. |